A quienes todavía confían en el socialismo: la desigualdad más peligrosa no es la económica

Dado que todo parece indicar que en vez de ver desaparecer año a año los últimos vestigios de comunismo quedan en el mundo después de las calamitosas experiencias vividas y que aún se viven, todo parece indicar que año tras año se incrementa la cantidad de seguidores de ésa nefasta ideología así que creo que nunca estará demás advertir a cuanto nuevo ingenuo cae en la creencia de la fantasía socialista (envidioso crónico incurable la mayoría de ellos desde mi construcción ideológica) otra de las grandes contradicciones irresolubles a la que inevitablemente deberán enfrentar si, ojalá no suceda, llegaran nuevamente al poder donde sea que suceda esa trágica circunstancia.

A propósito pedí al amigo IA que redacte un escrito surgido del análisis hecho con él sobre ésta importantísima cuestión.

Veamos:

Socialismo: la desigualdad que no puede eliminar

Una reflexión sobre el poder, la naturaleza humana y las contradicciones de una sociedad que pretende construir la igualdad.

Hay una pregunta extraordinariamente sencilla que, sin embargo, considero insuficientemente presente en los debates entre socialismo y liberalismo:

¿Es posible organizar una sociedad en la que nadie tenga que dar órdenes a otros?

Mi respuesta es no.

Y no porque los seres humanos seamos necesariamente egoístas, irresponsables o incapaces de cooperar. Incluso imaginando una sociedad compuesta exclusivamente por individuos honestos, trabajadores, solidarios y comprometidos con el bienestar colectivo, seguiría siendo necesario que algunos asumieran la responsabilidad de dirigir las actividades de otros.

Una fábrica necesita dirección. Un hospital necesita autoridades. Una construcción necesita responsables que coordinen las tareas. Una organización económica necesita individuos capaces de decidir qué hacer, cómo hacerlo y cómo resolver los desacuerdos.

Las decisiones pueden ser democráticas, consensuadas o delegadas, pero ninguna de esas modalidades elimina completamente la necesidad de que, en determinadas circunstancias, algunos deban aceptar decisiones que no son las que habrían elegido.

La autoridad, por lo tanto, no es exclusivamente una consecuencia de nuestras deficiencias morales ni una invención del capitalismo.

Es también una necesidad funcional de las organizaciones humanas complejas.

Y aquí comienza el problema que me interesa examinar.

La igualdad económica no elimina la desigualdad de poder

El socialismo nació, en buena medida, de una aspiración moral comprensible: corregir las desigualdades económicas y evitar que la propiedad de los medios de producción permitiera a unos individuos beneficiarse injustamente del trabajo de otros.

Pero imaginemos que alcanzamos ese objetivo.

Las fábricas, las tierras, las empresas y los recursos productivos pasan a pertenecer a la comunidad.

¿Desaparece entonces la desigualdad?

De ninguna manera.

Alguien deberá administrar esos recursos. Alguien deberá decidir dónde invertir, qué producir, cuánto producir, cómo distribuir los beneficios y quiénes estarán encargados de cada actividad.

Y quienes reciban esas responsabilidades adquirirán inevitablemente facultades que los demás no tendrán.

Habremos eliminado, quizás, una importante desigualdad patrimonial, pero no la desigualdad de poder.

Peor aún: si la administración de los recursos productivos se concentra en una única estructura estatal, podemos terminar construyendo una sociedad en la que quienes ejercen la autoridad política controlen también las oportunidades económicas de toda la población.

Y considero que la desigualdad de poder puede resultar mucho más trascendente y peligrosa que la desigualdad de riqueza.

Un individuo rico dispone de recursos que amplían sus posibilidades de acción. Pero quien controla el aparato político y económico puede determinar también las posibilidades de acción de los demás.

Puede decidir quién trabaja, quién progresa, quién recibe recursos, quién accede a determinadas oportunidades y quién queda excluido.

La propiedad colectiva, por sí sola, no resuelve ese problema.

Que los recursos pertenezcan formalmente a todos no significa que todos tengan igual capacidad de decidir sobre ellos.

La contradicción que el socialismo debe resolver

Existe aquí una dificultad que no desaparece apelando a la solidaridad, la justicia o la igualdad.

Una organización social necesita autoridad.

La autoridad implica diferencias de poder.

Y esas diferencias, si no encuentran límites institucionales eficaces, pueden convertirse en relaciones de dominación.

Esto no significa que toda forma de socialismo sea necesariamente autoritaria. Existen propuestas socialistas democráticas, cooperativas y descentralizadas que reconocen el problema e intentan limitarlo.

Tampoco significa que la igualdad de derechos sea incompatible con la existencia de autoridades.

La contradicción aparece cuando se pretende que la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción conduzca, por sí misma, a la eliminación de las relaciones de dominación.

Porque administrar colectivamente no significa administrar sin autoridad.

Y sustituir al propietario privado por un funcionario, un comité o una estructura política no elimina automáticamente las diferencias de poder.

Simplemente modifica quién lo ejerce.

Zaratustra también quiere mandar

En mi construcción de Razón vs Instinto he denominado Zaratustra a una expresión de nuestros impulsos primitivos vinculada con la afirmación comparativa del propio yo.

Zaratustra puede manifestarse mediante la ambición de progresar, destacarse, superar a otros y obtener reconocimiento.

Pero también mediante la envidia, el resentimiento y el deseo de reducir o destruir la superioridad ajena.

La riqueza constituye uno de los múltiples instrumentos mediante los cuales esas pulsiones pueden encontrar satisfacción.

Pero existe otro, posiblemente más poderoso: la autoridad sobre nuestros semejantes.

Mandar, decidir sobre otros, ocupar posiciones superiores y conseguir que nuestra voluntad prevalezca pueden proporcionar una satisfacción que no depende necesariamente del dinero.

Y aquí aparece una dificultad adicional para cualquier organización que concentre el poder.

¿Por qué deberíamos suponer que quienes administran los recursos colectivos estarán libres de esas pulsiones?

¿Por qué imaginar que un individuo dejará de buscar su propio reconocimiento, su prestigio o su posición dominante simplemente porque los medios de producción ya no pertenezcan a propietarios privados?

La respuesta no puede consistir en confiar en que una nueva organización económica producirá automáticamente seres humanos diferentes.

La historia ofrece demasiadas razones para desconfiar de esa expectativa.

Cambiar la propiedad de los recursos no significa cambiar nuestra naturaleza humana.

Y cuanto mayores sean los recursos y las decisiones concentradas en una autoridad, mayores serán también las oportunidades para que Zaratustra encuentre en ella un instrumento de satisfacción personal.

La experiencia histórica

Los grandes experimentos de planificación económica centralizada del siglo XX deberían ocupar un lugar fundamental en esta discusión.

La Unión Soviética y otros regímenes comunistas no eliminaron las jerarquías. Construyeron estructuras políticas y administrativas que concentraron enormes facultades sobre la producción, la distribución y la vida de sus ciudadanos.

La desaparición de los grandes propietarios privados no significó la desaparición de las élites.

Surgieron otras élites, cuyo poder no dependía principalmente de la propiedad personal de las empresas, sino del control político y administrativo de los recursos.

Sería simplista atribuir todos los resultados de esas experiencias a una sola causa. Intervinieron circunstancias históricas, conflictos internacionales, decisiones económicas e instituciones muy diferentes.

Pero hay una lección que merece permanecer presente:

La eliminación de la desigualdad patrimonial no garantiza la eliminación de los privilegios y puede coexistir con una concentración extraordinaria del poder.

No deberíamos ignorar esa experiencia cuando imaginamos nuevas formas de organización social.

¿Y el liberalismo?

El liberalismo tampoco elimina las desigualdades de poder.

Las grandes fortunas pueden transformarse en influencia política. Las corporaciones pueden adquirir posiciones dominantes. Los monopolios pueden reducir las oportunidades de otros individuos.

Desconocer esos riesgos sería cometer un error semejante al que estoy cuestionando.

Sin embargo, una economía de mercado competitiva presenta dos posibilidades que considero especialmente valiosas.

La primera es su capacidad para canalizar la ambición hacia la inversión, la innovación y la creación de riqueza.

La segunda es que permite distribuir las decisiones económicas entre múltiples individuos y organizaciones, sin necesidad de concentrarlas todas en una única autoridad.

La existencia de diferentes empresas, empleadores, inversores y emprendedores puede ofrecer alternativas frente a quienes ejercen el poder económico.

Esas alternativas no siempre son suficientes, y por eso resultan indispensables la competencia, el Estado de derecho y las instituciones que impiden los abusos.

Pero existe una diferencia fundamental entre un sistema en el que múltiples actores pueden disputar recursos y oportunidades y otro en el que una sola estructura controla simultáneamente la autoridad política y las decisiones económicas esenciales.

No se trata de afirmar que toda intervención estatal sea perjudicial ni que toda desigualdad económica sea beneficiosa.

Se trata de comprender que la concentración del poder merece tanta atención como la concentración de la riqueza, y probablemente más.

Una advertencia para quienes todavía creen en el socialismo

Comprendo la preocupación por las desigualdades económicas.

Comprendo la aspiración a construir sociedades más justas, con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para quienes menos tienen.

De hecho, considero que una organización económica inteligente debe prestar atención permanente a esas cuestiones.

Pero me preocupa que, en nombre de esas aspiraciones, se vuelva a depositar una confianza excesiva en la capacidad del Estado para dirigir la economía y corregir las desigualdades.

Especialmente cuando se olvida que el Estado no es una entidad racional y moral situada por encima de la naturaleza humana.

El Estado está administrado por individuos.

Individuos que poseen ambiciones, intereses, rivalidades, deseos de reconocimiento y predisposición a justificar racionalmente decisiones impulsadas por motivaciones mucho menos nobles.

Exactamente igual que quienes administran las empresas privadas.

Por eso, antes de reclamar que una autoridad concentre nuevas facultades para corregir las desigualdades económicas, deberíamos preguntarnos quién ejercerá esas facultades, quién controlará sus decisiones y qué posibilidades tendrán los ciudadanos de resistir sus abusos.

La democracia puede establecer controles sobre el poder político, pero esos controles deben ser efectivos. Y cuanto más concentradas estén las decisiones económicas, más importante será garantizar su independencia.

No alcanza con proclamar que el poder pertenece al pueblo.

Es necesario demostrar que el pueblo conserva instrumentos reales para limitar a quienes lo ejercen.

La verdadera cuestión: no eliminar las desigualdades, sino impedir la dominación

Tal vez el error más profundo de determinadas construcciones ideológicas consista en perseguir una igualdad que confunde las diferencias económicas con las diferencias de poder.

No todas las desigualdades tienen el mismo origen ni producen las mismas consecuencias.

Algunas diferencias económicas pueden surgir de la innovación, el esfuerzo, el riesgo y la capacidad de crear valor.

Otras pueden originarse en privilegios, monopolios, corrupción o apropiación indebida de oportunidades.

Del mismo modo, algunas diferencias de autoridad son necesarias para coordinar las actividades humanas, mientras que otras representan mecanismos de dominación que deberían ser combatidos.

Una organización social inteligente necesita distinguir unas de otras.

Y aquí regreso a los principios que vengo defendiendo en Razón vs Instinto: canalizar la ambición, contener la envidia y construir instituciones capaces de reconocer y limitar la influencia de nuestras pulsiones.

No deberíamos pretender eliminar la ambición, porque constituye uno de los motores fundamentales del progreso.

Pero tampoco deberíamos permitir que encuentre en la concentración del poder una oportunidad ilimitada para someter a nuestros semejantes.

La verdadera inteligencia institucional consiste en aprovechar las motivaciones humanas para generar progreso y, al mismo tiempo, establecer límites que impidan su transformación en instrumentos de dominación.

Reflexión final

Quizás debamos incorporar una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate entre socialismo y liberalismo:

¿Qué es más importante para la libertad y el progreso humano: reducir las diferencias de riqueza o impedir que unos individuos acumulen un poder excesivo sobre la vida de otros?

Mi respuesta es que ambas cuestiones importan, pero considero especialmente peligrosa la segunda.

Porque una sociedad puede tolerar importantes diferencias económicas y conservar instituciones capaces de proteger la libertad de sus ciudadanos.

Pero cuando el poder político y económico se concentra sin controles efectivos, la igualdad proclamada puede terminar siendo apenas una ficción.

Y hay algo que ninguna promesa de justicia social debería hacernos olvidar:

Una sociedad no se vuelve igualitaria simplemente porque nadie sea dueño de las fábricas, si unos pocos terminan siendo dueños de las decisiones que gobiernan la vida de todos.