El neocomunismo de Xi jimping: cuando el empresario reemplaza al funcionario soviético

China: ¿el empresario como nuevo funcionario soviético?

La posibilidad de que el Partido Comunista esté reconstruyendo la planificación económica sin renunciar al enriquecimiento privado.

Una paradoja que merece ser examinada

El extraordinario desarrollo industrial de China constituye uno de los acontecimientos económicos más importantes de la historia contemporánea.

En pocas décadas, el país consiguió transformar una economía predominantemente pobre y agrícola en una formidable potencia industrial y tecnológica, capaz de competir con las naciones más desarrolladas del planeta.

Sus avances en automóviles eléctricos, baterías, telecomunicaciones, inteligencia artificial, construcción naval y numerosas tecnologías industriales resultan difíciles de ignorar.

Pero detrás de ese éxito comienza a aparecer una contradicción que merece especial atención.

¿Podría el sistema chino estar evolucionando lentamente hacia una forma de organización económica semejante a la soviética, pero sustituyendo al funcionario encargado de dirigir la producción por un empresario privado al que se permite enriquecerse?

La pregunta puede parecer exagerada.

Después de todo, China tiene empresas privadas extraordinariamente competitivas, empresarios multimillonarios, mercados internacionales y una capacidad de innovación que la Unión Soviética nunca consiguió desarrollar de manera comparable en la producción destinada al consumo.

Sin embargo, esas diferencias no invalidan necesariamente la hipótesis.

Porque la característica decisiva de una economía planificada no es que sus administradores tengan prohibido enriquecerse.

Es que las decisiones fundamentales sobre el destino de los recursos productivos terminan dependiendo del poder político.

Y es precisamente allí donde comienzan a aparecer similitudes inquietantes.

Lo que China aprendió del fracaso soviético

El sistema soviético consiguió movilizar enormes recursos, desarrollar industrias pesadas, construir una poderosa estructura militar y alcanzar importantes logros científicos.

Pero también reveló profundas dificultades para organizar eficientemente la producción destinada a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

La planificación centralizada intentaba sustituir las decisiones de millones de consumidores, empresarios e inversores por las decisiones de una estructura administrativa.

Los funcionarios determinaban prioridades productivas, asignaban recursos y evaluaban el cumplimiento de objetivos.

Las empresas debían responder fundamentalmente a las exigencias de la planificación.

Y sus administradores obtenían recompensas, privilegios y posibilidades de ascenso según su capacidad para satisfacer las expectativas de las autoridades.

No eran necesariamente individuos carentes de ambición.

Por el contrario, la ambición continuaba existiendo, pero encontraba sus recompensas principalmente dentro de la estructura política y administrativa.

En mi construcción de Razón vs Instinto, Zaratustra seguía actuando.

La diferencia estaba en los mecanismos mediante los cuales podía satisfacer sus aspiraciones.

El problema soviético no consistía solamente en que sus funcionarios carecieran de incentivos para esforzarse.

También consistía en que esos incentivos estaban insuficientemente vinculados con la creación de valor económico.

Un administrador podía obtener reconocimiento por cumplir objetivos productivos que no respondían adecuadamente a las necesidades de los consumidores.

Podía procurar más recursos para su empresa, aunque esos recursos hubieran resultado más útiles en otra actividad.

Y podía intentar evitar el reconocimiento de errores porque admitirlos perjudicaba su posición.

China pareció comprender esas limitaciones.

Las reformas iniciadas por Deng Xiaoping permitieron recuperar mecanismos de mercado, inversiones privadas, competencia y, fundamentalmente, la posibilidad de obtener enormes beneficios económicos mediante la iniciativa empresarial.

El Partido Comunista conservó el poder político, pero permitió que millones de individuos utilizaran su ambición para enriquecerse produciendo bienes y servicios.

Y el resultado fue extraordinario.

China había encontrado una manera de aprovechar una de las fuerzas más poderosas del capitalismo sin abandonar el monopolio político del Partido.

El empresario como instrumento del desarrollo

Durante décadas, la relación entre el gobierno chino y sus empresarios produjo una coincidencia excepcional de intereses.

El empresario buscaba oportunidades de enriquecimiento.

El gobierno buscaba industrialización, crecimiento económico, empleo y desarrollo tecnológico.

El éxito de uno contribuía al éxito del otro.

Las empresas competían, innovaban, reducían costos y conquistaban mercados.

El Estado construía infraestructura, promovía inversiones, facilitaba financiación y orientaba determinadas prioridades.

La combinación permitió desarrollar capacidades industriales que hoy desafían a las economías más avanzadas.

Pero esa relación contiene una condición indispensable para su continuidad.

El empresario debe conservar incentivos suficientes para arriesgar su capital, innovar y decidir libremente qué inversiones considera convenientes.

Porque la función del empresario no consiste simplemente en administrar una fábrica.

Consiste también en descubrir oportunidades, evaluar riesgos y decidir dónde conviene invertir.

Y, algo igualmente importante, dónde no conviene hacerlo.

Si esa capacidad de decisión desaparece progresivamente, su función económica comienza a transformarse.

Aunque continúe siendo propietario de la empresa.

Aunque siga obteniendo beneficios extraordinarios.

Aunque incluso consiga enriquecerse más que antes.

El regreso de la planificación por otro camino

China considera estratégicas numerosas actividades industriales y tecnológicas.

Entre ellas se encuentran los semiconductores, las baterías, los vehículos eléctricos, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, los materiales avanzados y la construcción naval.

En esos sectores, el Estado desempeña un papel particularmente importante mediante políticas industriales, financiación, subsidios, participación de capital público y orientación de inversiones.

Esto no significa que todas las empresas reciban órdenes directas ni que carezcan de autonomía.

Pero sí significa que el poder político influye considerablemente en la dirección que toman los recursos.

Y esa influencia puede modificar los incentivos empresariales.

Imaginemos un empresario que descubre una oportunidad de inversión porque considera que existe una demanda insatisfecha.

Invierte su patrimonio, asume riesgos y espera obtener beneficios.

Ahora imaginemos otro escenario.

El gobierno establece que determinada industria debe expandirse porque considera indispensable dominar una tecnología.

Ofrece financiación favorable, subsidios, infraestructura y otros beneficios a quienes participen.

El empresario descubre que puede enriquecerse acompañando esa prioridad.

Invierte y construye la fábrica.

Formalmente, sigue siendo un empresario privado.

Pero la decisión que origina la inversión ya no responde necesariamente a una oportunidad descubierta en el mercado.

Responde, al menos parcialmente, a una prioridad establecida por el Estado.

Y si ese mecanismo se vuelve predominante, comienza a producirse una transformación fundamental.

El empresario deja progresivamente de decidir qué necesita producir la economía y comienza a competir por ejecutar rentablemente lo que el poder político ha decidido promover.

Esta es la similitud que merece investigarse con el sistema soviético.

El funcionario soviético recibía recursos y recompensas por cumplir objetivos establecidos políticamente.

El empresario chino podría recibir capital, oportunidades y beneficios patrimoniales por contribuir a objetivos también definidos políticamente.

La diferencia es que el segundo conserva incentivos capitalistas mucho más poderosos.

Pero esa diferencia no elimina necesariamente el problema de la planificación.

Una economía dirigida con empresarios enriquecidos

Aquí aparece la hipótesis central de este análisis.

China podría estar desarrollando una forma de planificación industrial en la que el empresario privado reemplaza parcialmente al funcionario soviético como ejecutor de los objetivos del Estado, conservando la posibilidad de enriquecerse como incentivo para cumplir esa función.

Sería un sistema diferente del soviético.

Probablemente mucho más dinámico.

Sus empresarios continuarían compitiendo para producir mejor, reducir costos, desarrollar tecnologías y aumentar sus beneficios.

Pero la competencia podría desarrollarse crecientemente dentro de un conjunto de prioridades determinadas políticamente.

Y esto introduce una distinción fundamental.

Una cosa es competir eficientemente para fabricar un producto.

Otra es determinar si resulta económicamente conveniente destinar recursos a fabricar ese producto en lugar de invertirlos en otra actividad.

La primera cuestión puede resolverse mediante competencia empresarial.

La segunda exige que las decisiones de inversión respondan suficientemente a oportunidades económicas reales.

Una economía puede tener fabricantes extraordinariamente eficientes y, al mismo tiempo, invertir demasiado capital en una industria.

Puede producir excelentes automóviles y fabricar muchos más de los que consigue vender rentablemente.

Puede construir las mejores baterías y desarrollar una capacidad productiva superior a la demanda.

Y puede hacerlo mientras numerosos empresarios obtienen beneficios personales.

La eficiencia de las empresas no garantiza necesariamente la eficiencia de las decisiones que determinan hacia dónde se dirige el capital.

Esta distinción permite comprender cómo un sistema puede conservar gran parte del dinamismo capitalista y, simultáneamente, comenzar a reproducir algunos problemas fundamentales de la planificación soviética.

La sobreproducción como señal de advertencia

La industria automotriz china constituye un ejemplo especialmente interesante.

Sus fabricantes han alcanzado niveles extraordinarios de desarrollo tecnológico y competitividad.

Sin embargo, la expansión de la capacidad productiva, la intensa competencia de precios y la presión sobre los márgenes de beneficio muestran los riesgos de invertir más allá de las oportunidades rentables disponibles.

Naturalmente, la sobrecapacidad no es exclusiva de las economías dirigidas.

También aparece en sistemas capitalistas cuando numerosos empresarios sobreestiman la demanda futura.

La diferencia está en la capacidad de corregir.

En una economía de mercado, las pérdidas persistentes tienden a provocar cierres, fusiones, reducción de inversiones y traslado de recursos hacia otras actividades.

El proceso puede ser doloroso, pero constituye uno de los mecanismos mediante los cuales el sistema corrige sus errores.

En cambio, cuando el Estado considera que determinada capacidad industrial debe preservarse por razones estratégicas, puede resistirse a permitir esa corrección.

Puede continuar financiando empresas que no consiguen sostenerse rentablemente.

Puede promover nuevas inversiones para alcanzar objetivos tecnológicos o geopolíticos.

Y puede mantener estructuras productivas que el mercado habría reducido.

Entonces aparece una paradoja.

Los empresarios continúan buscando beneficios.

Pero el sistema político puede impedir que las pérdidas cumplan plenamente su función de corregir las decisiones equivocadas.

El capitalismo conserva el incentivo para ganar, pero pierde parcialmente el mecanismo que obliga a reconocer cuándo una inversión no debería continuar.

Y esa combinación puede resultar especialmente peligrosa.

La trampa de la confianza empresarial

El régimen chino necesita a sus empresarios.

Su extraordinaria capacidad industrial no surgió solamente de decisiones gubernamentales.

También fue consecuencia de millones de decisiones privadas, iniciativas empresariales, innovaciones y riesgos asumidos por individuos que encontraron oportunidades para progresar.

Pero la relación puede comenzar a deteriorarse cuando los intereses de ambos actores dejan de coincidir.

El gobierno puede necesitar que una industria continúe expandiéndose porque la considera indispensable para sus objetivos estratégicos.

El empresario, en cambio, puede descubrir que las nuevas inversiones ofrecen beneficios insuficientes.

Si decide no invertir, el gobierno pierde una parte de la capacidad productiva que pretende desarrollar.

Si el gobierno aumenta los subsidios para convencerlo, puede estimular nuevas inversiones que profundicen la sobrecapacidad.

Y si comienza a condicionar cada vez más las decisiones empresariales, puede terminar debilitando la confianza que necesita preservar.

El empresario no necesita enfrentarse abiertamente al régimen para expresar esa pérdida de confianza.

Puede limitarse a reducir inversiones, conservar liquidez, buscar oportunidades fuera del país o depender cada vez más de garantías estatales.

El problema sería especialmente grave si comenzara a percibir que sus ganancias dependen de decisiones políticas imprevisibles, mientras sus pérdidas continúan comprometiendo su propio patrimonio.

En ese escenario, el empresario podría seguir administrando fábricas, pero perder progresivamente la disposición a asumir riesgos genuinos.

Y el Estado podría verse obligado a reemplazar esa iniciativa con financiación y decisiones administrativas.

El proceso reforzaría precisamente la transformación que estamos examinando.

La crisis inmobiliaria: una experiencia reveladora

China ya enfrenta las dificultades que puede generar una estructura económica cuando necesita corregir inversiones excesivas.

La crisis inmobiliaria constituye una advertencia.

Durante años, la construcción de viviendas impulsó una parte considerable de la economía.

Empresas, bancos, gobiernos locales, proveedores y familias quedaron vinculados a un proceso de expansión que terminó generando importantes desequilibrios.

Cuando las condiciones cambiaron, corregir resultó extraordinariamente difícil.

Las autoridades debieron enfrentar empresas endeudadas, proyectos inconclusos, pérdidas patrimoniales, dificultades financieras y una prolongada pérdida de confianza.

La experiencia demuestra que incluso un gobierno con enorme capacidad de intervención puede encontrar grandes obstáculos para desarmar una estructura económica que ha dejado de funcionar adecuadamente.

Y en las industrias estratégicas aparece una dificultad adicional.

Allí no solamente están comprometidos empleos, créditos y capitales.

También pueden estar comprometidos objetivos tecnológicos, militares y geopolíticos.

Por lo tanto, abandonar inversiones equivocadas podría resultar todavía más difícil.

Millones de intereses detrás de la planificación

Existe otra diferencia importante entre imaginar una economía dirigida desde la teoría y observar su funcionamiento real.

China tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes y una inmensa estructura política y administrativa.

Sus gobiernos provinciales y locales, empresas estatales, instituciones financieras, funcionarios y empresarios participan de una red extraordinariamente compleja de decisiones e intereses.

Una fábrica que deja de ser rentable puede representar un problema económico para el conjunto del país.

Pero su cierre también puede significar pérdida de empleos, ingresos fiscales, prestigio y poder para quienes impulsaron su construcción.

Por eso, una corrección económicamente razonable puede encontrar resistencias en numerosos niveles del sistema.

Y esas resistencias no necesitan surgir de una convicción comunista.

Pueden surgir simplemente de la ambición individual.

El funcionario desea conservar su posición.

El empresario quiere evitar pérdidas.

El gobierno local pretende mantener empleos e ingresos.

El dirigente nacional busca preservar la capacidad estratégica y la imagen de éxito del régimen.

Cada uno puede encontrar razones para continuar sosteniendo una estructura que, considerada en conjunto, necesita una corrección.

De esta manera, el problema de la planificación no consiste solamente en la dificultad de reunir información económica.

También consiste en que quienes participan de ella desarrollan intereses que pueden dificultar el reconocimiento y la corrección de los errores.

Xi Jinping y la supremacía del poder político

La evolución de este proceso dependerá en buena medida de las prioridades de la dirigencia china.

No podemos conocer con certeza si Xi Jinping considera al capitalismo una etapa transitoria hacia una economía comunista tradicional o un instrumento permanente de desarrollo.

Pero sus decisiones muestran que el mercado y la propiedad privada permanecen subordinados a la autoridad política del Partido Comunista.

Esto no implica necesariamente que pretenda reconstruir el sistema soviético.

La transformación podría producirse sin que exista semejante propósito.

El régimen puede intentar fortalecer su capacidad industrial, alcanzar autonomía tecnológica y aumentar su influencia internacional mediante una intervención cada vez mayor.

Y, al hacerlo, puede terminar reduciendo progresivamente la autonomía de los empresarios.

No sería necesario que Xi Jinping quisiera regresar al comunismo soviético para que algunas de sus políticas terminaran reproduciendo mecanismos económicos semejantes.

Esa posibilidad merece especial atención.

Porque los procesos históricos no siempre conducen a los resultados que sus protagonistas pretenden alcanzar.

Las nuevas armas del poder

La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando consideramos los objetivos estratégicos del régimen.

El dominio industrial y tecnológico no representa solamente una fuente de riqueza.

También puede convertirse en un instrumento de influencia internacional.

El control de suministros críticos, tecnologías avanzadas, infraestructura digital, materiales estratégicos y capacidades productivas puede generar dependencias económicas que proporcionen poder político.

Y muchas tecnologías civiles poseen también aplicaciones militares.

Por lo tanto, el gobierno chino puede atribuir a determinadas industrias un valor muy superior a sus beneficios económicos inmediatos.

Una empresa poco rentable puede continuar siendo considerada indispensable para alcanzar autonomía tecnológica o fortalecer la posición internacional del país.

Y cuanto más importante resulte esa capacidad para las ambiciones del régimen, más difícil será aceptar su reducción.

Aquí encontramos un factor que podría acelerar la transformación del empresario en ejecutor de objetivos estatales.

La rentabilidad privada deja de ser el criterio decisivo.

La importancia estratégica de la actividad comienza a prevalecer.

Y el empresario que desee continuar participando puede encontrarse cada vez más condicionado por prioridades que no controla.

Zaratustra y la paradoja del éxito chino

La historia del desarrollo chino puede interpretarse, desde mi construcción de Razón vs Instinto, como una demostración extraordinaria de lo que sucede cuando una sociedad consigue canalizar la ambición individual hacia la actividad productiva.

El Partido Comunista comprendió que permitir el enriquecimiento podía desencadenar una enorme energía económica.

Y esa energía contribuyó a transformar China.

Pero ahora podría estar desarrollándose un proceso diferente.

La ambición de los dirigentes por aumentar el poder nacional puede impulsar una intervención creciente sobre las industrias estratégicas.

La ambición de los funcionarios puede orientarse hacia el cumplimiento de objetivos políticos y la preservación de sus posiciones.

Y la ambición empresarial puede comenzar a buscar recompensas mediante la participación en proyectos definidos y financiados por el Estado.

Todas esas ambiciones pueden continuar siendo intensas.

Lo que cambia es su orientación.

En lugar de actuar principalmente como fuerzas que se corrigen mediante la competencia, las ganancias y las pérdidas, pueden comenzar a reforzarse alrededor de decisiones políticas.

Y si esas decisiones son equivocadas, el sistema puede encontrar dificultades crecientes para modificarlas.

La inteligencia de sus dirigentes no garantiza que puedan evitarlo.

Porque la razón instrumental puede utilizarse para justificar y sostener decisiones impulsadas por ambiciones que sus protagonistas no consiguen reconocer ni contener.

Una transformación que todavía puede evitarse

Sería incorrecto afirmar que China ya ha reconstruido la economía soviética.

Sus empresas conservan amplios espacios de autonomía, compiten intensamente y desarrollan innovaciones extraordinarias.

Tampoco puede afirmarse que todas las industrias estratégicas funcionen de la misma manera.

Pero existen señales de una creciente orientación estatal de determinadas inversiones, una importante presencia de capital público en mecanismos de financiación estratégica y problemas de sobrecapacidad que justifican investigar esta evolución.

La cuestión decisiva será comprobar si el régimen conserva suficiente disposición para permitir que las empresas abandonen actividades inconvenientes, que las inversiones equivocadas produzcan pérdidas y que el capital privado encuentre libremente destinos más rentables.

Si conserva esos mecanismos, podría continuar combinando dirección estratégica y dinamismo empresarial.

Si los debilita progresivamente, el riesgo será diferente.

China podría conservar empresarios ricos, empresas privadas y tecnologías avanzadas mientras reconstruye, en determinadas áreas fundamentales, una economía cuyo destino productivo depende cada vez más de las decisiones del poder político.

Y esa sería una transformación mucho más profunda de lo que su apariencia capitalista permitiría advertir.

La pregunta que deja abierta la historia

El comunismo soviético fracasó económicamente por múltiples razones, entre ellas la incapacidad de su sistema de planificación para asignar eficientemente los recursos y sostener incentivos adecuados para la innovación y la productividad.

China consiguió superar muchas de esas limitaciones incorporando mecanismos capitalistas.

Pero cabe preguntarse si está comenzando a recorrer lentamente un camino que podría devolverla a una parte de aquellos problemas.

No mediante la eliminación de la propiedad privada.

No mediante la prohibición del enriquecimiento.

Ni siquiera mediante la desaparición de la competencia.

Sino mediante un desplazamiento progresivo de las decisiones fundamentales de inversión desde los empresarios hacia el poder político.

El empresario continuaría siendo empresario por su patrimonio y sus beneficios, pero comenzaría a parecerse al funcionario soviético por la función económica que desempeña.

Esa es la hipótesis que considero digna de ser examinada.

Y plantea una pregunta que va mucho más allá del futuro de China:

¿Puede una economía evitar los errores fundamentales de la planificación centralizada simplemente permitiendo que quienes ejecutan esa planificación se enriquezcan?

Mi respuesta es que no.

El enriquecimiento individual puede incentivar el esfuerzo, la innovación y la eficiencia productiva.

Pero no reemplaza la necesidad de que las decisiones de inversión respondan a oportunidades económicas reales y de que las pérdidas permitan corregir los errores.

La Unión Soviética intentó dirigir la producción mediante funcionarios.

China podría estar ensayando, en algunas de sus industrias más importantes, una fórmula distinta: dirigirla mediante empresarios.

La segunda puede ser mucho más dinámica y exitosa durante un largo período.

Pero si el destino del capital termina determinado fundamentalmente por el poder político, ambas podrían compartir una debilidad decisiva.

Y aquí aparece la paradoja final.

China aprendió a aprovechar la ambición empresarial para superar las limitaciones del comunismo soviético. Pero si no consigue contener la ambición de poder de sus gobernantes, podría terminar reconstruyendo parte de aquellas limitaciones utilizando precisamente a los empresarios que hicieron posible su éxito.

Tal vez no estemos asistiendo al regreso del funcionario soviético.

Tal vez estemos asistiendo a su transformación en empresario.